Michail Eskindarov
Preguntas
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Comentario sobre la situación nacrológica en Rusia y las vías de su mejora en los proximos años
Tradicionalmente el gobierno presta una especial atención al problema de la lucha contra el tráfico ilegal de drogas y de su abuso. Muchas veces han sido estudiadas las cuestiones de lucha contra la narcotización de la población y contra el narcotráfico en la asamblea de la Comisión Gubernamental del control de la circulación de drogas. Dicho problema y la necesidad del desarrollo de medidas de su solución son mencionadas anualmente por el presidente de la Federación Rusa en sus comunicados a la Duma Estatal de la Junta Federal de la Federación Rusa. La concepción de la política gubernamental en el ámbito de prevención y de la disminución del tráfico ilegal de drogas hasta el 2014 estará dirigido hacia el plano preventivo, acciones para prevenir que los jóvenes se involucren en el consumo no-médico de drogas, perfección de la actividad de las autoridades en el ámbito de lucha contra los crímenes relacionados con las drogas, especialmente con sus formas más peligrosas, entre las cuales está el narcotráfico. Pero como muestra la situación real, la organización de éste trabajo no se lleva a cabo al nivel adecuado – no es sistemático. En realidad se imponen penas por tráfico de drogas principalmente a los distribuidores, mientras que el peligro real radica en el negocio mismo. En cuanto a los narco barones, o sea, los dirigentes criminales, existen todos los fundamentos legales para su castigo, pero ellos se aplican de una manera extremadamente no eficiente. Existen varios modelos del control social sobre la situación de las drogas: 1. Una política liberal o no-prohibitiva y aprobadora; 2. Una política represiva y prohibitiva; 3. Una política prohibitiva-limitativa. Por desgracia, últimamente las fuerzas que abogan por la legalización de drogas y por una posición más liberal del gobierno y sociedad en relación al control del narcotráfico se están consolidando. Y con todo ello se están encubriendo con eslóganes democráticos y de un gobierno de derecho, de violaciones de los derechos humanos. Según la opinión de dichos individuos, las medidas represivas no tendrán éxito y solo estimularán el mercado negro de las drogas. Pero uno no puede estar de acuerdo con ésta visión de la cuestión. Como se sabe, precisamente los métodos represivos, y no los liberales ayudaron a resolver el problema de las droga en la época pos-bélica en Japón, en los años 20-30 ésta política ayudó a reducir sustancialmente el consumo de drogas en Alemania, E.E.U.U. y especialmente en China. Al revés, no hay ningún ejemplo significativo del método liberal de lucha contra las narcotización. Desgraciadamente, en las condiciones de la Federación Rusa, teniendo en cuenta los eventos sociales y la mentalidad de la población el medio principal de lucha contra la narcotización de todo el país tienen que ser las acciones represivas. Uno de los puntos débiles en la lucha contra la narcotización de la población son las medidas contra las personas con cargos oficiales, quienes por medio de su posición laboral actúan como cómplices en el narcotráfico, o lo dejan correr. Debido a ello parece razonable la implementación de responsabilidad penal para las personas que utilicen su posición laboral coaccionan al narcotráfico, encubriendolo o no tomando ninguna medida para luchar contra éste mal, o sea – que lo dejan correr. Por éstas acciones la gente con cargos oficiales tiene que recibir unos castigos mas duros que unos simples distribuidores, quienes simplemente siguen las ordenes. Pues en realidad los distribuidores mismos son drogadictos, quienes al no tener un trabajo, estar enfermos, sin medios legales para subsistir se ven obligados a ganarse la dosis por medio de la distribución de drogas. Medidas de tratamiento forzoso se tienen que aplicar contra éstos distribuidores. Ello requerirá unos medios económicos considerables por parte del gobierno, y por ello se tendrían que implementar de una manera gradual empezando por los jóvenes. El tratamiento forzoso podría implementarse primero para los menores, luego para los jóvenes que no tengan un trabajo en el momento de la detención. En los intereses de una lucha efectiva contra la narcotización es imprescindible determinar legalmente a un grupo de personas (funcionarios estatales y municipales, agentes de las autoridades, jueces, procuradores, al igual que directores de escuelas y otras instituciones educativas y sociales) que sean responsables por la lucha contra la circulación de drogas. Precisamente por no tomar medidas preventivas, investigadoras, reveladoras y cesantes de la distribución y consumo ilegal de drogas dichas personas tendrían que llevar una responsabilidad disciplinar, administrativa o penal. Aquí también habría que incluir a los dirigentes de organizaciones de crédito que realicen operaciones financieras con los medios obtenidos a partir del narcotráfico. Todas éstas operaciones a los países de producción y tránsito de drogas deben ser fijadas, y sus remitentes deben ser identificados. Si los medios económicos se envían en grandes cantidades o de una manera sistemática hay que comprobar la legalidad de dichas transferencias. Hay que aumentar la actividad del Rosfinmonitoring en ésta dirección. También hay que endurecer la responsabilidad de los procuradores por la calidad de control de seguimiento de las leyes antidroga. En cuanto a la prevención de la distribución de drogas entre menores de edad, sería la aprobación de un chequeo constante de adolescentes, no emboscadas esporádicas u operaciones especiales, que deben realizarse por médicos-narcólogos y psicólogos de las instituciones educativas, centros de ocio, clínicas, o sea, cruzando los resultados de las instituciones donde estén registrados los adolescentes. Los resultados de chequeos semejantes revelan una gran efectividad en la determinación de personas consumidores de drogas o que tengan la tendencia a hacerlo. Durante el chequeo, que suele durar unos 15-20 minutos, los especialistas llevan a cabo una conversación de confianza con el adolescente y le explican de una manera personal los problemas que acarrea la drogadicción. Hace falta crear unos consejos sociales de prevención de la drogadicción en las regiones en cooperación con las Juntas administrativas y Comisiones Interdepartamentales de prevención de violaciones de derechos, donde tendrían que participar psicólogos, maestros, médicos-narcólogos, representantes de la administración de la ciudad (distrito) y de las autoridades, representantes de la sociedad. Dichos consejos tendrían que controlar la actividad de las personas con cargos oficiales que lleven a cabo medidas preventivas de la circulación ilegal de drogas. Miembros del consejo deberían tener el derecho a recibir información exhaustiva sobre las medidas adoptadas como respuesta a las peticiones de ciudadanos y a los hechos de consumo adolescente ilegal y distribución de drogas entre ellos. En el consejo gubernamental se tienen que determinar las medidas mas efectivas de lucha contra la narcotización de la juventud, proveerles de financiación y de cualquier apoyo científico y metódico.
